El muerto se ríe del degollado. Sobre las definiciones de Macri.

Muchos años después (para ser precisos 41 años después), Macri volvió a decirle a los argentinos aquel viejo planteo que en abril de 1976 recitara en su discurso inaugural el Ministro Martínez de Hoz. Nos recordó ese apotegma tantas veces esgrimido y nunca cumplido que consiste en afirmar que “Achicando el Estado se agranda la Nación”. Es decir que “Con menos Estado, con más mercado, habrá más inversión, por tanto crecimiento, generación de empleo y  reducción de la pobreza”. Contra todas las evidencias históricas recientes y no tanto, que una y otra vez demuestran que ha sido el Estado el que ha tenido que organizar el capitalismo cuando de lo que se trata es de encarar procesos de cambio productivo con incorporación de progreso técnico y aumento de la productividad, Macri decidió volver a recitar la estupidez de siempre.

En este marco de falacias impunes (porque nos han costado caras en otros tiempos históricos) Macri sostuvo que su objetivo central es terminar con la pobreza porque es inadmisible que un país como el nuestro presente niveles de deterioro social de tamaña magnitud. Y es inadmisible dijo, por las posibilidades que tiene la Argentina. Sin embargo, al escuchar el dispositivo conceptual por el cual pretende realizarlo advirtió que se hará, una vez más, a través de la teoría del derrame y , bajo ningún punto de vista, en base a un proceso de redistribución de riqueza e ingresos. En este sentido, su propuesta es esperar que la reducción del Estado se transforme en mayor inversión, luego que esa inversión genere volúmenes de empleo y crecimiento suficientes como para aumentar los ingresos y reducir la pobreza. Proceso difícil en estos tiempos del mundo pero que además implicaría décadas.

En ningún caso consideró que si la brecha necesaria para terminar con la pobreza en los hogares hoy sumergidos es de apenas el 2,4% del PBI argentino, eso indica que lo que es inadmisible es prolongar en el tiempo esta situación que condena a la mitad de la población infantil de nuestro país. Es inadmisible, porque si terminar con la pobreza es el consenso básico al cual podemos y debemos arribar como sociedad, y los fondos son absolutamente ínfimos al evaluarlos en relación con la capacidad económica del país e incluso comparados con los recursos que maneja el propio Estado, si cual ha dicho el Presidente el objetivo es que quienes tienen más poder deben ceder en función de lograr los consensos, esto se puede y se debe encarar ya.  El Presidente podría mirar a su alrededor (de hecho los conoce a todos) y observar que en la Argentina hay 11 fortunas que detentan un patrimonio neto de más de 1000 millones de dólares, que hay 1000 argentinos que tienen patrimonios superiores a los 30 millones de dólares y que 114.000 argentinos superan el millón de dólares como riqueza personal. Si a estos les cobráramos  la alícuota que establece el impuesto a los bienes personales, recaudaríamos lo suficiente para acercarnos al objetivo. Pero claro, blanqueo mediante y con el objetivo declarado de eliminar impuestos  entre ellos el de Bienes Personales) no se puede resolver ahora lo que ahora habría que resolver.

A la hora de fijar los ejes de su propuesta Macri habló de Responsabilidad Fiscal, Generación de empleo y  República con más calidad institucional. Todo lo que expuso fue muy general y habrá que esperar las medidas y proyectos concretos para evaluar sus efectos. No obstante, pueden señalarse algunos aspectos que devienen de sus afirmaciones generales.

En primer lugar, el Gobierno asocia la Responsabilidad Fiscal con la reducción de los impuestos y, en ese marco la reducción del déficit y el control de las cuentas provinciales. Una vez más la pobreza argumental asombra. Argentina no tiene un problema de elevada carga tributaria, tiene sí una muy desigual distribución de la misma por el hecho de que los impuestos que gravan capacidad contributiva tienen una baja participación en el total de la recaudación. Es más, el gobierno ha caracterizado el desarrollo de su gestión hasta aquí por la decisión de desgravar aún más a los que detentan poder económico y que son quienes debieran aportar en mayor medida en materia impositiva (lo expuesto respecto al tratamiento del Impuesto a los Bienes Personales y las decisiones en materia de retenciones son evidencias en este aspecto). En el marco de una estrategia de reducción de impuestos orientada básicamente a bajarle carga tributaria al sector empresarial, la reducción del déficit se transforma en una quimera, la solución gubernamental es el endeudamiento y luego la expansión de la carga de intereses se transforma en la razón central del déficit. Un verdadero disparate.  La apelación a una nueva Relación Nación Provincia resulta lógica al tiempo que vacía si no se debate el reparto de funciones entre las dos Jurisdicciones, y si no se potencia la coordinación en materia tributaria sobre la base de una articulación administrativa que permita construir un padrón común territorializado de grandes contribuyentes.

Sobre la cuestión previsional no se dijo nada a excepción de una apelación a los regímenes de privilegio. Cuestión esta que si bien puede evaluarse, poco tiene que ver con la inviabilidad actual del sistema. De hecho esta inviabilidad tiene causas estructurales más profundas y se ha agravado en el marco de las políticas de desfinanciamiento que el Gobierno ha practicado desde que asumió. Lo grave, aunque no fue dicho por el Presidente, es que ha trascendido la decisión gubernamental de intentar resolver esto modificando el sistema de actualización de las jubilaciones. En concreto pasar de una fórmula en la que incide la inflación pasada a una basada en la inflación futura. En buen romance, no permitir recomponer el poder adquisitivo de las Jubilaciones en un marco donde el nivel de las mismas en el mejor de los casos equivale a la mitad de la canasta de bienes y servicios que necesita un jubilado. Es más, si hubiese que modificar el sistema de actualización lo lógico sería ponerlo en línea con la evolución de los precios de dicha canasta que, como todos sabemos, incluye por ejemplo medicamentos cuya evolución dista de la que han tenido y tienen los haberes Jubilatorios.

El capítulo Republicano con alusiones expresas al Poder Judicial o al Parlamento Nacional centrado en las licencias o los 45 días de vacaciones en el primer caso, o en la cantidad de personal en la Biblioteca del Congreso, una vez más, asombra por su pobreza. El problema del Poder Judicial no son los 45 días de vacaciones. El problema es cuando funciona y ese funcionamiento remite a un proceso de degradación donde influye el modo en que el poder económico, el poder político y los servicios de inteligencia inciden a la hora de la gestación y el desarrollo de las causas. Por cierto, y mas allá de las explicaciones respecto al uso de las licencias, o de la cantidad de personal en la Biblioteca, lo cierto es que hay también una cantidad muy importante de personal en el Poder Judicial que desarrolla tareas laborales gratuitas y que debieran ser remuneradas, de igual modo que la sobreabundancia de personal en la Biblioteca contrasta con la falta de personal que se observa  a la hora de discutir el adecuado funcionamiento de las Comisiones del Congreso Nacional.

Más preocupante aún fueron las afirmaciones respecto a que sobraban sindicatos. El Presidente pareciera encaminarse a restringir aun más la libertad y la democracia sindical que ha llevado, en el contexto de un modelo sostenido en un unicato dominantemente asociado a las patronales, a que los trabajadores protagonizaran la creación de nuevas organizaciones con el objeto de defender sus derechos, muchas veces traicionados, por los propios sindicatos.

Lo viejo, pobre y falaz del discurso presidencial fue acompañado por algunas notas de color que debieran ser incorporadas en nuestra memoria histórica. En primer lugar, casi como una ironía, el Presidente que fuera funcionario principalísimo de uno de los grupos más corruptos de la historia argentina (el Grupo Macri), pretendió situar su planteo en el marco de la lucha contra la corrupción al sostener que había que terminar con la idea del “Roban pero hacen”. En segundo lugar, fue enfático al decir que “Lo peor era la evasión”.  Increíble escuchar esto de alguien que protagonizó la creación de empresas off shore con el objetivo expreso que dichas empresas tienen y que es burlar el régimen tributario. Y más increíble aun si se recuerda que Mauricio fue salvado por la Corte Menemista que funcionaba con mayoría automática, en el caso de contrabando y evasión en una operación concreta de comercio automotriz con Uruguay. Por último, resultó casi para los anales de la historia su frase “que madre y padre pueden dejarle a sus hijos deudas…” Que esto lo diga un gobierno que en solo tres años  hasta el 2018) tomaría 123.000 millones de dólares de nueva deuda pública, entre las cuales consta un bono de deuda a 100 años, es casi un chiste de mal gusto. En la Argentina de hoy, sigue teniendo vigencia que aquella vieja frase de “el muerto se ríe del degollado”.

Claudio Lozano
Presidente de Unidad Popular