Por Víctor De Gennaro – Presidente Nacional de Unidad Popular
Eran días de alegría y esperanza. Después de abrazar a Lula, escuchar a Fidel, encontrarnos con Chávez en ese mítico 25 de mayo del 2003, Néstor Kirchner convocaba a construir las transversalidades necesarias para superar las limitaciones y el corsé del bipartidismo. En la primera reunión con el Presidente, ni bien abrió la puerta para las propuestas, traté de no perder oportunidades.
El Seguro de Empleo y Formación para los desocupados, los jubilados y la Asignación Universal para los pibes, eran prioritarios, había que acabar no sólo con el hambre sino también con la pobreza, proyecto acompañado por todo el FRENAPO y votado en la consulta popular de diciembre del 2001.
Mi segunda prioridad fue formular propuestas para reconstruir mayorías. Desde el 22% que había obtenido Kirchner en las elecciones presidenciales era necesario avanzar hacia un consenso mayor. Para eso, nada mejor que convocar a consultas populares. La derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la derogación de la Ley de Accidentes de Trabajo que privatizó el riesgo laboral, terminar con las AFJP, o la remoción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Seguro que cualquier resultado mostraría un pueblo consciente en temas que hacen a su propia sobrevivencia. Esto es comprobable. Años después, la única consulta vinculante que hubo: Loncophué, el 82% de la población se pronunció por la negativa a la explotación minera de oro a cielo abierto.
Y por último destaqué la libertad y democracia sindical, imprescindibles para reconstruir el sujeto de cambio y protagonista de las luchas populares. La modificación de la ley era (y es) necesario para que el movimiento obrero y los delegados de los trabajadores perseguidos desde la dictadura genocida pudieran expresarse y organizarse sin injerencia del Estado. Sin embargo, al momento de definir, se optó (una vez más) a favor del mantenimiento del sindicalismo empresarial, nueva expresión de la burocracia histórica.
El Presidente me respondió que la distribución del ingreso iba a llevar tiempo, pero que la realizaría. Las consultas era una buena idea y pidió que planteara públicamente la petición para remover la Corte y respecto a la libertad y democracia sindical me contestó con una afirmación categórica: “dalo por hecho”.
Junto al Presidente estuvo el entonces Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien escuchó pacientemente nuestra propuesta y agregué “que a la pobreza había que encararla en los primeros seis meses, sino iba a ir postergándose”. El Presidente me pidió que cuando terminara la reunión tomara contacto con la prensa acreditada en Casa de Gobierno. Al salir, respondiendo a su pedido, di cuenta de mi solicitud respecto a la Corte Suprema en conferencia de prensa.
Antes de irme le dije a Néstor Kirchner que para generar libertad y democracia sindical debía enfrentarse a los empresarios y, con ellos, a su ministro de Economía, Roberto Lavagna, que lo habían designado. Es más, me animé a decir que iba a pasar los cuatro años de mandato y que no lo haría.
Fue la parte más dura de la reunión, pero fui consciente que era la oportunidad. No pasaron cuatro sino doce años… y se fueron sin haber modificado un solo artículo de la Ley de Asociaciones Sindicales que mantiene un modelo sindical arcaico, antidemocrático e inconstitucional.
Como lo afirmé ante más de mil empresarios cuando tuvieron la amabilidad de invitarme al Encuentro de IDEA en Mar del Plata este año, “a 32 años de recuperadas las instituciones constitucionales, se puede elegir concejales, gobernadores, presidentes, o gobernadoras o presidentas pero no te dejan elegir delegados en los sectores de trabajo. El 83,4 % de las empresas privadas según la última encuesta publicada por el Ministerio de Trabajo de la Nación (desde hace tiempo no las publica más), no tienen representación en el lugar de trabajo.
El lugar donde se genera la riqueza, al igual que los ámbitos de la Seguridad y Fuerzas Armadas, no fue alcanzado todavía por las luces de la democracia.
No es casual que se hayan desoído las observaciones de la OIT a la Ley Sindical. El Gobierno está obligado a ello. El Convenio 87 de la OIT tiene rango constitucional a partir de las reformas de 1994. Seis sentencias de la CSJN declararon la inconstitucionalidad de artículos claves de la Ley Sindical y avanzaron en el reconocimiento de derechos que no se plasmaron en una reforma legislativa.
Tengo el honor de que nuestro bloque haya presentado el único proyecto de Nueva Ley de Organizaciones de Trabajadoras y Trabajadores Sindicalizados (Proy. Ley d6317), producto de la experiencia y del aporte de la Central de Trabajadores de la Argentina, hoy además Autónoma, y ratificado por las cientos de nuevas organizaciones sindicales conformadas al calor de lucha por nuestros derechos.
Lo importante es evitar la democratización en nombre de una supuesta defensa de la Unidad Sindical frente a la fragmentación. En Uruguay se cumple lo que aquí establece la Constitución, y todos tienen el derecho de constituir las organizaciones que “crean conveniente” y de elegir los delegados que hacen falta, y solo existe una Central Sindical.
Suele confundirse a la opinión pública diciendo que nosotros sostenemos la pluralidad sindical y los sindicatos tradicionales la unidad sindical. Grave error. Nosotros nos pronunciamos siempre por la unidad voluntaria de los trabajadores, y nos oponemos a la unidad impuesta por el Estado y los patrones. La unidad es un objetivo necesario de los trabajadores y se logra por consenso, no por Decreto.
Se fueron después de doce años… y seguimos con la misma contradicción y el mismo esquema de poder. Los patrones fueron otra vez los beneficiarios de las políticas del Gobierno manteniendo un modelo sindical que ya no es “modelo”, sólo se trata de “un engendro” que impide la representación real de los trabajadores.
Ah, la pobreza también sigue…